Por un lado, parecía una buena noticia cuando el Tribunal Supremo español dictaminó que los bancos, en lugar de los prestatarios, deberían pagar el impuesto que surge de la certificación notarial y la inscripción de una escritura hipotecaria. Esta decisión legal anuló una resolución anterior que adoptó una opinión muy diferente y puso la responsabilidad en el prestatario de pagar estas tarifas. Sin embargo, la apelación, fue anulada por el Tribunal Supremo, causando decepción y confusión antes de que el gobierno finalmente interviniera y dictaminara que de ahora en adelante serían los prestamistas, no los compradores, quienes tendrían que pagar el impuesto de timbre.
Durante 23 años, los prestatarios han tenido que pagar el impuesto de timbre sobre las hipotecas. Esto se denomina Actos Jurídicos Documentados (AJD), que es un impuesto que comprende los costos fijos y variables, determinado por cada región autónoma, en lugar del gobierno central. En general, este impuesto está en el rango de 0.5% a 1.5%, lo cual es una diferencia significativa, y se aplica al valor total de la hipoteca, incluidos los costos y los pagos de intereses. En consecuencia, el valor imponible es más alto que el valor real de la hipoteca. Para darle un ejemplo: el impuesto AJD sobre una hipoteca de 100.000 € podría costarle al prestatario cualquier cosa, desde 675 € hasta 3.000 €, pero debería ser mucho más bajo si solo se basara en el valor nominal de la hipoteca. Claramente, este es un gran gasto para los prestatarios, y eliminarlo del presupuesto de compra haría que las transacciones de propiedad sean mucho menos costosas.
Sin embargo, el camino hacia este reciente fallo ha sido todo menos sencillo. En 2015, un tribunal civil de la Corte Suprema dictaminó que los bancos deberían pagar el impuesto de timbre. Era la primera vez que se llegaba a tal decisión. Desafortunadamente, esto fue seguido por una serie de fallos contradictorios que se suponía que este más reciente debía corregir y aclarar la posición de todos. El resultado fue lo contrario de la claridad.
Cuando se anunció el fallo, las acciones de los bancos españoles se llevaron la peor parte y se desplomaron. Además, el presidente de la Corte Suprema solo se enteró de la decisión en las noticias, lo que creó una opinión de que la administración de la institución es inconsistente. El presidente luego tomó la decisión, sin ninguna consulta, de suspender todos los casos relacionados con el pago de AJD hasta después del 5 de noviembre. Afortunadamente, el primer ministro Pedro Sánchez intervino en favor de los consumidores para crear claridad en una situación de creciente confusión. Los compradores agradecerán el hecho de que no tendrán que pagar AJD y el alivio de que la incertidumbre finalmente haya llegado a su fin.