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Por un lado, parecía una buena noticia cuando el Tribunal Supremo español dictaminó que los bancos, en lugar de los prestatarios, deberían pagar el impuesto que surge de la certificación notarial y la inscripción de una escritura hipotecaria. Esta decisión legal anuló una resolución anterior que adoptó una opinión muy diferente y puso la responsabilidad en el prestatario de pagar estas tarifas. Sin embargo, la apelación, fue anulada por el Tribunal Supremo, causando decepción y confusión antes de que el gobierno finalmente interviniera y dictaminara que de ahora en adelante serían los prestamistas, no los compradores, quienes tendrían que pagar el impuesto de timbre.
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